El Capitolio – El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, Rafael “June” Rivera Ortega, hizo un llamado hoy a las agencias que ofrecen servicios a esta comunidad a que “se olviden del protagonismo en torno a los logros alcanzados, ya que el crédito tiene que siempre ir para los niños” y trabajen juntos de modo que los resultados sean en bienestar de los estudiantes.

Sus expresiones se produjeron durante la continuación de las vistas públicas en torno a la Resolución de la Cámara 396, sobre el actual marco legal que crea y sostiene los programas de inserción social y servicios evaluativos necesarios para maximizar el funcionamiento académico, vocacional y ocupacional de las personas con impedimentos y posibilitarles así una transición ordenada del ámbito escolar hacia el laboral.

“Del insumo que he recibido durante estas vistas públicas y del trabajo que he realizado en favor de esta población durante años, llego a la conclusión de que es necesario un esfuerzo real de parte de las agencias que dan servicios a nuestros estudiantes de educación especial, para trabajar en equipo por el bien ellos”, expresó el legislador.

Durante los trabajos, la doctora Rosa Lugo, directora de la Oficina de Avaluación y Ajuste, de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), señaló que el proceso de inserción de los estudiantes al mundo laboral o de educación post secundaria, se atrasa debido a la falta de las evaluaciones vocacionales que el Departamento de Educación (DE) debe administrarles dos años antes de la fecha de la salida del sistema.

Sostuvo, que estas evaluaciones son mandatorias, como parte del cumplimiento de la Ley 263 del 2006, para instituir los Servicios de Evaluación Vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de educación especial, con el que se garantiza su desarrollo pleno e integración al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades.

Indicó que al aprobarse esta ley, se adiestró al personal y el DE cuenta con el equipo y los manuales para la administración de las pruebas “lo que hace falta es ponerlo en acción; esto implica que un comité de trabajo realice las funciones que la ley establece, con asignaciones específicas y establecer un tiempo límite para que se cumpla con estas pruebas”.

Expresó, que al no realizarse estas pruebas antes de que el estudiante salga del sistema de educación, obliga a ARV a llevar a cabo las mismas para cumplir con las leyes federales que rigen estos procesos. Puso como ejemplo que en los Centros de Avaluación de la ARV desde el 1 de octubre de 2014 se han recibido 3,963 casos, de los cuales 2,596 tuvieron que ser evaluados por ellos.

“Ya es hora de tomar acción; están los recursos, están las buenas intenciones, el DE hizo una inversión bajo el proyecto CREO (Componentes de Recursos Educativos y Ocupacionales), las personas fueron adiestradas y estamos en la disposición de readiestrarlas. La mitad del camino está andado, es cuestión de ponerlo en vigor y crear la política pública para cumplir con la ley”, enfatizó la funcionaria.

Por su parte, Marta Díaz Fonseca, de la firma Compliance and Research, organización que se dedica a asistir legalmente a padres de estudiantes de educación especial, afirmó que es necesario que desde los primeros años en los que el estudiante está en el sistema, se le provea las herramientas necesarias para que su transición al mundo del empleo o la educación post secundaria sea efectiva.

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