Cámara evalúa los servicios que reciben los estudiantes con impedimentos

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El Capitolio – La Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, presidida por el representante Rafael “June” Rivera Ortega, inició hoy el análisis de la Resolución 66, para investigar si el actual marco legal que sostiene a los programas educativos y de servicios para la población de educación especial actúa como ente facilitador, tal y como establece la política pública existente.

Durante los trabajos, el secretario asociado de Educación Especial, licenciado Eliezer Ramos Parés, señaló que desde que ocupa dicha posición, su fin es “mejorar el sistema para que sea beneficioso para todas las partes. Para que el niño reciba sus servicios lo más pronto posible y para que las corporaciones tengan lo que les corresponde contractualmente a la brevedad posible”. Añadió, que la tecnología jugará un papel importante en la aceleración de los procesos que en la actualidad se les ofrecen a más de 109 mil estudiantes en el sistema público de enseñanza.

Mientras que la Dra. Manuela González, presidenta de la corporación de servicios Paso a Paso, opinó que según su experiencia de 38 años en el campo, hablar de que existe un 25% de la población escolar que pertenece al programa es “erróneo”. “Entiendo que estadísticamente ese número está inflado, máxime cuando es comparado con el 10 % que se estima existe en Estados Unidos”, dijo la experta.

González señaló que debe realizarse un estudio minucioso de cómo se toman la decisiones en las reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU) para admitir a los estudiantes en el Programa, para eliminar la sobrepoblación, lo que ayudaría a que los estudiantes con impedimentos sean mejor servidos con una atención individualizada y ágil.

Por su parte, la Dra. Ángela Taboa, de la corporación Sui Generis, recomendó que se trabaje con el proceso de contratación de las corporaciones, para que se realice con anterioridad al inicio del curso escolar, de modo que los estudiantes reciban a tiempo sus servicios.

Sugirió además, que se revisen las tarifas, las cuales no responden al valor actual del mercado, se elimine el recurso de Remedio Provisional y se analice el proceso de logística que se utiliza para realizar los pagos a los proveedores, para poder identificar los factores internos que inciden en el retraso en el pago a las 68 corporaciones que ofrecen servicios a los estudiantes del programa.

Por su parte, el Presidente de la Comisión enfatizó, que “recuerdo haber recibido cientos de quejas, durante la pasada administración, de distintas corporaciones donde el Departamento de Educación no les pagaba los servicios y los mismos quedaban suspendidos o pospuestos porque no le podían pagar a sus empleados y se afectaba el servicio a los niños”.

Enfatizó que el compromiso del actual Gobierno es proteger los servicios del estudiantado. “Podemos decir que en esta nueva administración, esto ha cambiado y uno de nuestros compromisos es revisar la Ley 51, para que la misma se adapte a las necesidades actuales de nuestros estudiantes”, declaró el legislador.

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