Capitolio, Puerto Rico (2 de abril de 2019) – El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes, Rafael “June” Rivera Ortega, anunció hoy que comenzará una investigación urgente sobre las deficiencias que llevaron a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) a colocar en sindicatura a la Defensoría de Personas con Impedimentos, y que podrían provocar la pérdida de los fondos federales de esta agencia.

Según explicó Rivera Ortega, “le estamos requiriendo al Sr. Gabriel Corchado Méndez, defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico, una serie de documentos que nos permitirán constatar si esta agencia está o no en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley 158-2015, que rige dicha agencia de servicios a personas con discapacidad. De igual forma, estamos dando comienzo a una investigación exhaustiva sobre la calidad de los servicios que esta agencia ofrece, con el fin de procurar que estos sean de la más alta calidad para la población que así los requiere.”

“Cabe destacar que el 55% del funcionamiento de la Defensoría de Personas con Impedimentos se financia con fondos federales. Por tanto, perder dichos fondos tendría un efecto devastador no solo en la agencia, que quedaría inoperante, sino en toda persona con discapacidad que necesita de sus servicios. Confiamos en que el Defensor Interino cumpla con los requerimientos hechos por esta Comisión, entregando cada documento e información en un plazo no mayor de 10 días, para que podamos tanto investigar como ayudar en la identificación de iniciativas correctivas,” añadió.

Dentro del término de 10 días concedido al Sr. Corchado Méndez para contestar los requerimientos de la comisión cameral, también debe proveer copia del Plan Estratégico Integral, basado en los derechos de las personas con impedimentos, pertinente a aquellos asuntos de salud, política, vivienda, educación, ámbito laboral, economía y cultura, entre otros, así como las medidas para atacar el discrimen, opresión y marginación hacia las personas con discapacidades, que se encuentren vigentes.

“Como presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad,  como representante, pero sobre todo como puertorriqueño comprometido con las causas de las personas con discapacidad por más de 15 años, no voy a permitir que, por la mala administración de algunas personas en la Defensoría, la población con discapacidad pierda el servicio que se le obligan mediante ley,” finalizó diciendo el legislador.

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