Los representantes Rafael «June” Rivera y José Aponte Hernández, informaron el jueves que radicaron la Resolución de la Cámara 1420 con el fin de realizar una investigación en torno a la administración y operación del denominado Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD), luego de que tomaran conocimiento de una serie de deficiencias administrativas que ponen en riesgo la operación del Consejo, y que ha provocado un sinnúmero de señalamientos por parte del Gobierno Federal a la mencionada entidad.

El CEDD está autorizado a funcionar en virtud de la Ley Pública 106-402 del año 2000, conocida como «Developmental Disabilties Assistance and Bill of Rights Act” y, administrativamente, asignado a la Junta de Planificación de Puerto Rico. Su función principal es la de apoyar la creación de iniciativas para mejorar la calidad de vida y autodeterminación de las personas con deficiencias en el desarrollo y sus familias.

Según explicó en comunicación escrita June Rivera, quien preside la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad en la Cámara de Representantes, «hemos recibido información que apunta a una administración sumamente deficiente en el CEDD, lo que ha llevado al Gobierno Federal a realizar múltiples señalamientos como resultado de una monitoría que todavía está en curso. Esto ha redundado en el mal manejo de fondos, poniendo en peligro los recursos que se suponen vayan para beneficio de las personas con discapacidad, así como la permanencia del propio Consejo.”

Por parte, Aponte Hernández sostuvo que «nuestro compromiso para con los más vulnerables sigue inalterado y todo lo que haya que hacer para garantizar el buen uso de los recursos disponibles lo estaremos haciendo».

Señalan los legisladores novoprogresistas en su Resolución que «el Consejo, en los últimos años, ha tenido un patrón de disminución en la utilización de los fondos asignados. Por ejemplo, durante el año 2014 reportó un sobrante de 200 mil dólares y durante el 2015 reportó un sobrante de sobre un millón de dólares. Debido a esta disminución en la utilización de fondos, se han recibido notificaciones de recortes en la asignación para los años 2016 y 2017.”

«Para el 2016,” añade, «se recortaron de los fondos que se reciben 1.5 millones de dólares y, para el 2017 se recortaron 1.9 millones de dólares. A pesar de esto último, el Consejo no ajustó su gasto operacional a base del recorte y, para el año 2017, gastó más del 30% que podía utilizar a base de los fondos asignados, saliéndose de la proporción que la ley establece para la operación y distribución en los organismos participantes.”

Finalmente, June Rivera, quien también es representante por el Distrito 28, indicó que «sabemos que las propuestas que son aprobadas por el Consejo, en su gran mayoría hoy, dejan de existir cuando se termina la subvención federal y el propósito real es que estas obras se mantengan de manera permanente. La forma en la que se están adjudicando los fondos hasta hoy, no se está haciendo de manera adecuada y el Consejo no está auditando que los propósitos de las propuestas se cumplan. Por eso resulta urgente que se realice una investigación y se logren las medidas correctivas, antes de que sea demasiado tarde.”

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