El representante Rafael “June” Rivera anunció que el P. de la C. 1945 (Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades) fue aprobado por la Cámara de Representantes en la sesión de hoy, luego que la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, que preside, rindiera un informe positivo.

Un proyecto anterior similar (P. de la C. 1484), introducido por el representante, había sido vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, bajo la impresión de que su implantación le costaría al Erario alrededor de $90.6 millones. Sin embargo, el representante del distrito 28 (Barranquitas, Comerío, Corozal y Naranjito) demostró que dichos costos fueron inflados, mal calculados y falsos. La entonces secretaria de Justicia, hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, había presentado una ponencia favorable al proyecto.

“El Departamento de Educación que dirigió la secretaria Julia Keleher certificó números falsos e inflados para que la Junta de Supervisión Fiscal se opusiera al P. de la C. 1484. En esta ocasión planteamos en el Informe de la Comisión no solo el detalle de cada partida, sino que, además, incluimos la admisión de esa agencia a esa desinformación. De nuestro Informe surge que el propio Departamento de Educación (DE) reconoció un desconocimiento que le llevó a inflar un costo de $3.00 a $1,500.00 por estudiante (unos 8,445) como parte de la metodología que utilizó. Eso causó el veto a un proyecto bueno y más necesario que nunca. Ahora hemos suplementado con mayores datos el Informe”, afirmó el representante del distrito 28.

Se indica en el Informe que el DE le imputó al antiguo proyecto de ley gastos que, para tener cumplimiento con leyes federales (de los que el DE recibe fondos) y por estipulación en las cortes estatales, ya eran obligaciones de la agencia. El DE ha pagado sobre $18 millones en multas desde el 2006 por violaciones a las estipulaciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez. Sin contar los más de $4 millones pagados a los abogados de los demandantes en dicho pleito.

“June” Rivera reiteró también reiteró que este nuevo proyecto, presentado por toda la delegación mayoritaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), no le resta derechos a los menores y padres de niños y niñas con necesidades especiales, como tampoco lo hacía el anterior, firmado por el representante. El nuevo proyecto provee una Tabla de Equivalencias que establece claramente el origen de los derechos, y dónde puede localizar cada disposición contenida en el proyecto.

“Algunos sectores reclaman que en la actual Ley 51-1995 de Educación Especial hay mayores derechos que en los nuevos proyectos, sin embargo, una ponencia de la abogada Josefina Pantojas, entonces en Servicios Legales de Puerto Rico, lo desmiente. Durante la discusión de aquella ley la abogada reconoció que la ley federal daba más derechos de los que se incluían en esa Ley 51 y recomendaba que se incluyeran los procesos de evaluación y redacción de PEI (entre otros) de la Ley federal IDEA (Individuals with Disabilities Education Improvement Act), que no se hizo entonces. Ahora, en el P. de la C. 1945, como se había hecho en el P. de la C. 1484, se incorporaron, proveyendo mejores garantías y derechos. Nuestro compromiso en la Cámara, y mi compromiso personal, es con la protección y el desarrollo de nuestros niños y niñas con necesidades especiales. Y no vamos a permitir que sectores con intereses distintos desinformen o manipulen la información intencionalmente”, sostuvo June Rivera en declaraciones escritas.

Por otro lado, el Informe de 170 páginas expone, entre otras, una serie de irregularidades en los procesos de contratación de algunos funcionarios pertinentes al proceso de evaluación y adjudicación de los servicios, hay “amiguismos” y “presiones”, “influencias indebidas” de abogados del DE a los jueces administrativos, costo de los contratos y la renovación en manos del querellado (DE) que ponen en duda la imparcialidad en las decisiones, grave desinformación, solicitud a los jueces administrativos de “lealtad completa” a la agencia (una de las partes), conflictos de intereses entre partes fomentada por las regulaciones del DE, reuniones exparte prohibidas y escasa preparación de algunos jueces administrativos en materia de educación especial.

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